Organismo oficial brasileño se une a las críticas contra represa “Belo Monte” en la Amazonía

El Consejo Nacional de Derechos de la Persona Humana, que depende del Gobierno brasileño, se unió hoy a las críticas de la OEA y grupos ecologistas contra la construcción de la represa “Belo Monte” en la Amazonía y denunció graves irregularidades en las obras.

El proyecto contempla la inundación de un área de 506 kilómetros cuadrados y el desplazamiento de al menos 50 mil indígenas y campesinos, según organizaciones no gubernamentales.

“Se constató que hay una ausencia absoluta del Estado” en las obras de la represa de Belo Monte, que se llevan adelante en el municipio Altamira, del estado de Pará, declaró Percílio de Sousa, vicepresidente del consejo, tras una visita a la región.

De Sousa afirmó que “existen problemas de todo tipo”, denunció incluso casos de “explotación sexual de niños” y calificó el sitio donde se construye la represa como una “tierra de nadie”.

El funcionario, que se reunió hoy con la titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, María do Rosario Nunes, dijo además que empleados del consorcio que construye la presa Belo Monte se hacen pasar por delegados del Gobierno e “intimidan” a personas que serán desalojadas por las obras.

Las denuncias presentadas por el Consejo Nacional de Derechos de la Persona Humana son similares a las que grupos de agricultores, indígenas y otros habitantes de la zona presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sobre esa base, la CIDH instó al Gobierno a suspender de forma “inmediata” las obras, que comenzaron en marzo pasado, pero la respuesta de Brasilia fue contundente y, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, consideró ese pedido “precipitado e injustificable”.

El Gobierno sostuvo además que se han hecho todos los estudios necesarios sobre el impacto social y ecológico de las obras, que han sido autorizadas por diversos organismos de control medioambiental.

Asimismo, aseguró que ha realizado las consultas necesarias con la población del municipio de Altamira y garantizó que respetará los derechos de las personas que puedan ser afectadas por la represa.

Los movimientos sociales, indígenas, campesinos y ecologistas que se oponen al proyecto aseguran que la presa causará un daño irreparable al ecosistema de la zona y que desplazará a unas 50.000 personas, a las que aseguran que no se les han planteado alternativas.

Belo Monte deberá entrar en operaciones en 2015, será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo después de la china de Tres Gargantas y la paraguayo-brasileña de Itaipú, y será construida a un coste de unos 10.600 millones de dólares.

Su capacidad de generación alcanzará un máximo de 11.233 megavatios en las épocas de crecida del río Xingú, en el que será emplazado su enorme muro de concreto.

* Redacción Agencia de Noticias Canal Azul 24 (ANCA 24)

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